Un mural con nombres de víctimas de falsos positivos generó tensión cerca de la casa de Uribe en Bogotá

Un mural con los nombres y la cifra actualizada de víctimas de falsos positivos fue pintado esta semana en el norte de Bogotá, a pocas cuadras de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La intervención fue realizada por familiares de víctimas, colectivos de memoria y organizaciones de derechos humanos.

La acción buscaba visibilizar la actualización reciente de cifras entregadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que elevó el universo provisional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a 7.837 casos documentados entre 1990 y 2016, superando la cifra anterior de 6.402 reconocida inicialmente para el periodo 2002-2008.

1. Las claves de los hechos

En el mural aparecía la nueva cifra junto a mensajes relacionados con memoria y justicia para las víctimas de los llamados «falsos positivos», nombre con el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la fuerza pública y posteriormente presentadas como bajas en combate.

Horas después de la intervención, el expresidente Uribe llegó al lugar y participó en el borrado parcial del mural, hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. La situación generó enfrentamientos verbales y momentos de tensión entre simpatizantes del exmandatario y personas que acompañaban la actividad de memoria.

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2. El contexto que explica todo

La JEP mantiene abierto el Caso 03, que investiga estos crímenes como parte del sistema de justicia transicional surgido tras el Acuerdo de Paz. Según la jurisdicción, las investigaciones han permitido identificar patrones de presión por resultados operacionales dentro de algunas unidades militares y la existencia de incentivos relacionados con reportes de bajas en combate.

Uribe ha rechazado reiteradamente cualquier responsabilidad en estos hechos y sostiene que durante su gobierno nunca se ordenaron ejecuciones extrajudiciales. El exmandatario también ha cuestionado en distintas ocasiones las cifras y conclusiones de la JEP.

La intervención y su posterior borrado reactivaron el debate político y social sobre memoria histórica, responsabilidades institucionales y el alcance de la justicia transicional en Colombia.